En recientes fechas hemos sido testigos de acontecimientos de migración masiva de Centroamericanos al territorio nacional a través de la frontera Sur derivado de los problemas locales en sus países de origen, lo que ocasionó eventos de violencia por parte de las autoridades mexicanas para control del paso de personas. Incluso entre es probable que hayamos escuchado o emitido comentarios despectivos hacia los migrantes.
Esto no es un evento reciente, sino que en los últimos 6 años la migración hacia México ha incrementado 580% acorde a una noticia publicada por Bertha Becerra en El Sol de México en Marzo del 2018.
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Pero analicemos un poco el contexto: La Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos, publicados por primera vez en el 2011 y sufriendo su última reforma en abril del año 2016, indica que “el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria” (pp 5). Entre los derechos de los migrantes estipulados en la Ley Migratoria se encuentran la libertad de ingreso, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, acceso a servicios educativos, atención médica, acceder a cambios del estado civil, derecho a reconocimiento de personalidad jurídica y al debido proceso, acceso a los ámbitos de la vida económica y social. Esto siempre y cuando, ellos cumplan con el requisito de presentar documentación que acredite su identidad y situación migratoria.
En un artículo realizado por Ayvar-Campos y Armas-Arévalos (2014) relatando la historia de la migración en México, se relata lo siguiente:
En el siglo XIX, a partir del Tratado de Guadalupe-Hidalgo que cede parte del territorio nacional a Estados Unidos de América, los habitantes de los territorios del norte debieron decidir si quedarse en su sitio, o migrar al Sur de la nueva frontera.
En las primeras décadas del siglo XX, la migración de trabajadores temporales, personas de la clase media, políticos expulsados o refugiados de la guerra cruzaban la frontera norte, proceso acentuado por la Revolución Mexicana.
Con la primera Guerra Mundial los estadounidenses demandaban más mano de obra, por lo cual se mantuvo libertad de tránsito a través de la frontera.
En la Gran Depresión se comenzó a generar empleo para los braceros mexicanos en Estados Unidos, por lo que México facilitó del proceso de repatriación, indigencias, recuperación de salarios e indemnizaciones, disminuyendo el proceso de emigración.
Desde 1965 y la década de los 70´s creció la ola migratoria secundaria a la búsqueda de oportunidades laborales hacia los Estados Unidos, donde es característica la migración de las familias completas de los trabajadores.
La historia de los Mexicanos en otro país son equivalentes a la de extranjeros en el territorio Nacional, quienes responden a situaciones internas de su nación en búsqueda del beneficio para una u otra parte, ya sea por motivos económico, sociales o políticos.
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Ahora pensemos: los motivos que llevan a los mexicanos a migrar hacia Estados Unidos, según el INEGI, son la búsqueda de trabajo o mejores oportunidades económicas en un 67.8%, y sólo el 1% a causa de la violencia. En contraste, acorde a Nájera-Aguirre (2016) las principales causas de migración de Centroamérica a México, en especial Honduras, El Salvador y Guatemala, es el alto índice de violencia en dichos países de origen. González-Rosas (2014) en su estudio sobre la migración Centroamericana a México avalado por la OMI (Observatorio Migratorio Internacional) indica que “el carácter clandestino de gran parte de estos migrantes los obliga a ocultarse de las autoridades y de grupos delictivos que operan en las zonas fronterizas, lo que hace muy difícil su cuantificación” (pp2). La condición clandestina de estas migraciones ocasiona que rara vez se cuenta con la documentación básica para realizar los trámites correspondientes, pues en ocasiones se enfrentan con dificultades para poder regresar a sus hogares por dichos documentos, o incluso el hecho de tramitarlos es motivo de violencia y discriminación.
El lado negativo de este fenómeno: González-Rosas (2014) cita una encuesta de la CONAPO (Consejo Nacional de Población) en el que indica los problemas con los que los migrantes residentes en México se han enfrentado al querer ejercer los derechos antes estipulados, entre los que se encuentran: problemas con servicios de salud en un 19.8%, problemas para realizar trámites 23.3%, problemas para encontrar trabajo 26.5%, aunque una vez obtenido dicho trabajo cuentan con dificultades para tener trabajo con prestaciones en un 37.5%. Esta encuesta refleja los problemas de los migrantes, similar a los problemas de la población mexicana nativa.
González-Rosas (2014) cita a una encuesta de la CONAPO en la cual se revela que el 26.9% de los migrantes perciben que no existe respeto a los derechos humanos de los migrantes, el 57.8% es poco o algo, y únicamente el 34.7% considera que si se respetan. Esta cifra es preocupante ya que únicamente la tercera parte de la población se siente protegida y garantizada en sus derechos previamente estipulados. Y adicional a este dato, es aún más alarmante que el 74.1% de los mexicanos que no creen que se respeten los derechos de los migrantes son de bajos o muy bajos recursos económicos.
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Además, se ha incrementado el surgimiento de actividades delictivas por parte de la población mexicana y extranjera, como son la necesidad de polleros para abarcar las rutas deseadas, abuso sexual de ambas partes, trata de personas, asaltos, narcotráfico, entre otros. De ahí que nace la necesidad de que se tengan espacios de espera y albergue que permitan descanso y alimentación antes de continuar su camino, y un mejor control de las actividades ilícitas derivadas de la migración. Existen incluso muchas asociaciones de la sociedad civil que realizan esta labor de albergue que ayude a los migrantes, como es la Iniciativa IPRO (Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales) que cuenta con un Fondo de Apoyo a Migrantes.
Por otro lado, se escuchan argumentos como “no tenemos capacidad educativa” o “no contamos con los recursos suficientes para mantener a nuestra población, ¿cómo vamos a mantener a otros?”. Si nos basamos en lo estipulado en la Ley Migratoria, el tema de discusión no es la calidad de la educación y/o la salud, sino ¿qué sería lo que tendríamos que hacer para garantizar estos derechos? Esto tiene implicaciones económicas, sociales y de política pública a considerar, pero no justifica que se actúe contra una Ley publicada. A partir de estos argumentos, se tendría que invitar a los creadores de política pública en matera de educación, salud, registro civil, ciudadanía y derechos humanos a sumarse a la evaluación y/o generación de las condiciones que permitan una mejor calidad de vida para nacionales y extranjeros, que usualmente son aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
En el 2009, Cecilia López Pozos realizó un estudio con las familias de los migrantes, y estipula que además del duelo y la nostalgia de abandonar su país de origen, durante el proceso sufren cambios e incertidumbres, residencias temporales, vivencias traumáticas, y que adicionalmente deben experimentar la discriminación en el país huésped, indiferencia ante sus demandas y más vivencias traumáticas y violentas. Esto se empeora en el caso de separación de sus familiares y del abandono de sus raíces y comodidades, en lo que destaca el aislamiento de niños y niñas de sus familias, generando grandes estragos en su salud física y mental. Esto con el paso del tiempo genera un trauma acumulativo que genera sentimientos de miedo, angustia, ansiedad, depresión, tensión e inseguridad, que impacta sobre su desempeño laboral y social.
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Consideremos lo siguiente: Actualmente, acorde al Instituto de los mexicanos en el Exterior se tiene registro al año 2016 de 12,027,320 personas, de los cuales 97.33% radica en los Estados Unidos de América. Según el Banco Mundial, en el 2015 México contaba con 1,193,155 migrantes en territorio Nacional. Considerando estas cifras, en México contamos con aproximadamente 10% de inmigrantes relacionado con emigrantes, situación que debería causarnos empatía hacia los primeros. La historia de los Mexicanos en otro país son equivalentes a la de extranjeros en el territorio Nacional, quienes responden a situaciones internas de su nación en búsqueda del beneficio para una u otra parte, ya sea por motivos económico, sociales o políticos.
En conclusión, si el cumplimiento de la Ley no fuera suficiente, los invito a considerar que nuestra obligación como ciudadanos, independientemente del país de residencia, implica tener más empatía y buscar de la equidad para un verdadero desarrollo social. Debemos enseñar a nuestros hijos e hijas a brindar una mano amiga, que a su vez, disminuye la violencia y la ruptura social local y transnacional. Nos indignamos por el mal trato o la discriminación que sufren los compatriotas en otras naciones que sueñan con una vida mejor a través de las fronteras. Y sin embargo, cuando la situación es a la inversa y nosotros nos encontramos ante la oportunidad de brindar ayuda y cobijo a otras personas que pudieran ser el equivalente de nuestros propios familiares, sobresale la doble moral de querer cerrar la frontera. En términos legales, se debe respetar la Ley de Migración cumpliendo con las obligaciones especificadas en ella, y brindar las oportunidades de tránsito y/o patriación, sin perder de vista nuestra ética y moral de colaborar por el bienestar mutuo y el crecimiento y desarrollo global por el bien común.
En nuestras manos está crear u mundo mejor para nuestros hijos e hijas, y que ellos se vuelvan actores primordiales de dicha construcción social.
BIBLIOGRAFÍA
· AYVAR-CAMPOS, FJ. ARMAS-ARÉVALOS, E. “El flujo migratorio en México: Un análisis histórico a partir de indicadores socioeconómicos”. (2014), Revista CIMEXUS Vol. IX, No.2, pp 71-90
· BECERRA, Bertha. “Crece 580% migración a México”. El Sol de México. 25 marzo, 2018.
· BANCO MUNDIAL, Migración, Obtenido de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SM.POP.TOTL?locations=MX&view=chart
· DERECHOS DE LOS MIGRANTES, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Obtenido de: http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes
· GONZALEZ.ROSAS, J. “Migrantes centroamericanos en México: un estudio de opinión sobre el respeto de sus derechos humanos”. Letras Migratorias Newsletter, OMI/CONAPO. Diciembre 2014pp 1-15.
· INEGI, Migración. Obtenido de: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/
· INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Obtenido de: https://www.programassociales.org.mx/programa/456/fondo-de-apoyo-a-migrantes?v=939
· INSTITUTO DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR, obtenido de: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadistica_poblacion.html
· LEY DE MIGRACIÓN, DOF 21-04-2016
· LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, DOF 21-03-2018
· LÓPEZ-POZOS, C. “El costo emocional de la separación en niños migrantes: un estudio de caso de migración familiar entre Tlaxcala y California”. AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO. (2009);6(1), pp.81-103.
· NÁJERA-AGUIRRE, JN. “El complejo estudio de la actual migración en tránsito por México: Actores, temáticas y circunstancias”. Migraciones Internacionales, 2016:8(3);pp.255-266.
· ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS MIGRANTES, “Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito”, obtenido de: http://oim.org.mx/portfolio-item/migrantes-en-transito/
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